LA CULTURA INDIGENA AWA: EN FUEGO CRUZADO ENTRE PARAMILITARES Y GUERRILLA

Septiembre 17 de septiembre
Por Carlos Villota Santacruz AL AIRE NARIÑO.

Unas 25 mil personas de la cultura indígena AWA, quienes habitan en 26 resguardos en el Departamento de Nariño se encuentran en proceso de desaparecer, si las autoridades colombianas no colocan los correctivos, para establecer y dar con los culpables de la masacre continua de la que son objeto y que hace poco menos de un mes cobró la vida de 11 de sus integrantes. Tras el hecho de violencia, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, a través del Ministerio del Interior y de Justicia se comprometió a crear una mesa especial en materia de desplazamiento, que permita desde el Estado generar políticas públicas orientada a la protección a las víctimas y el derecho al territorio.

Bajo ese escenario, se acordó crear un plan de salvaguarda. Con ese objetivo se han adelantado asambleas comunitarias. Sin embargo, a pesar de las medidas el senador Ramiro Estacio reveló que el sur de Colombia, se incrementó en las últimas horas el desplazamiento de indígenas, en cercanías del Resguardo Telembí. “No cesa el fuego contra la cultura AWA. No cesan las amenazas. No cesa el problema de las intimidaciones. El fenómeno se llegó a la puerta de la Organización Nacional Indígena, sin que hasta ahora, los organismos de seguridad del Estado, puedan ubicar a los responsables”, subrayó el legislador en diálogo a AL AIRE NARIÑO En esa línea, del corazón de la comunidad indígena AWA se inició las primera investigaciones para determinar los autores de las masacres. “El paramilitarismo, las FARC y bandas delincuenciales han generado en el Departamento de Nariño una ola de terror y de sangre, nunca antes vista. La idea, de estos actores es colocar a la comunidad indígena en controversia, exterminándolos uno por uno”, sostuvo el senador Ramiro Estacio. AL AIRE NARIÑO, quién estuvo en la zona AWA conoció la preocupación de sus integrantes por tratar de confundir a la opinión pública nacional e internacional, a través de controversias internas inexistentes. “Quieren pescar en río revuelto para quedarse con la riqueza natural del territorio”, manifestaron. A este hecho, se suma la intención del Gobierno de militarizar el territorio indígena. –Proceso que se viene haciendo sin la consulta previa, según la comunidad AWA-. Una decisión que viola la normatividad de la Organización Internacional del Trabajo, en opinión de los gobernantes indígenas. No en vano, el senador Ramiro Estacio està convencido que al interior del Congreso no existe voluntad política del Gobierno del presidente Alvaro Uribe para legislar a favor de la calidad de vida de los pueblos indígenas del país. “Hay indiferencia. Se esta buscando es que los pueblos indígenas se desplacen de sus territorios, con el fin de ubicar posteriormente a multinacionales que exploten a su conveniencia los recursos naturales”, manifestó. “De manera infructuosa hemos denunciados esta anomalía ante las autoridades, sin recibir ni una voz de respaldo. Además, hemos tratado en el senado de reglamentar aquellos artículos de la constitución política, que apuntan a normatizar el reconocimiento de los territorios indígenas en Colombia. Todo se ha quedado en el diagnóstico. En una palabra, es letra muerta”, aseveró el señor Ramiro Estacio. Un panorama que se extiende a la comunidad internacional, donde equivocadamente se cree que la Constitución de 1991 dejó sentada las bases del reconocimiento de los territorios indígenas, hoy escenario de violencia, muerte y masacre, sin que los crímenes tengan un culpable material o intelectual. “En otras palabras, las 25 mil personas que integran la comunidad AWA en Nariño son protagonistas de la indiferencia del Gobierno. Hacen parte –sin saber por que- de la indiferencia legislativa del Congreso. Y como si fuera poco, la atención que reciben del Estado es asistencialista, pero no una política a favor de su calidad de vida”, afirmó el senador Ramiro Estacio. Con esta radiografía, la comunidad AWA buscará en lo que resta del 2009 levantar su voz ante la comunidad internacional con el fin de garantizar su autonomía alimentaria, territorial, político administrativa y en particular del desarrollo de los artículos de la Constitución de 1991, que inciden en esta población, quienes para muchos ciudadanos del país, son tratados como colombianos de cuarta categoría. El tema es de tal magnitud, que la Corte Constitucional en un reciente pronunciamiento reconoció que cerca de 34 comunidad indígenas en el país “se encuentran en vía de desaparecer física y culturalmente”. Un panorama, que pasa al terreno político donde actores externos (paramilitares y guerrilla) trata de dividirlos a través de organizaciones indígenas de garaje, según el senador Ramiro Estacio. “No entiendo como legislador que es lo que el Gobierno quiere con los pueblos indígenas, conociendo que es obligación del Estado proteger a dichas comunidades ética y culturalmente” dijo el legislador, quién a su juicio todo esta indiferencia es por la presión de las multinacionales contra la administración del presidente Alvaro Uribe, ante los hallazgos de riqueza natural en los territorios indígenas. Con este escenario, la comunidad indígena en Colombia anunció a AL AIRE NARIÑO una próxima movilización social. “Será un grito ante el país y el mundo, que busca detener el derrame de sangre indígena. Es la única herramienta que se tiene, ante los oídos sordos del Gobierno, a una situación que es delicada social, económica y en materia de seguridad en el Departamento de Nariño”, sentenció el senador Ramio Estacio.

CAPTURA DE PROPIETARIOS DE “COSTA CARIBE” AGILIZARA ACCION DE GRUPO

Afirma abogado Harrison Vásquez Melo CAPTURA DE PROPIETARIOS DE “COSTA CARIBE” AGILIZARA ACCION DE GRUPO Bogotá, 17 de septiembre Por Carlos Villota Santacruz (AL AIRE NARIÑO) Un nuevo aire tomo la Acción de Grupo interpuesta por el abogado Harrison Vásquez Melo a favor de los colombianos que invirtieron en la captadora ilegal de dinero “Costa Caribe”, tras la captura de los organismos de inteligencia del Estado de los propietarios de la empresa Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Cala. “La captura del señor Rodríguez y la señora Cala, agilizará la Acción de Grupo interpuesta como abogado defensor de miles de personas que invirtieron en Costa Caribe millonarias sumas de dinero, sin que hasta la fecha se haya presentado la primera restitución de los dineros. Es un hecho que preocupa, pero que a la vez abre la puerta para que por la vía del derecho se logre la indemnización de los afectados de la pirámide, a través de la acción juridíca en curso”, comentó Harrison Vásquez a AL AIRE NARIÑO. En el mes de noviembre de 2008, la Superintendencia Financiera intervino la organización empresarial que lideraba las operaciones de la firma “Costa Caribe”, quién captó dineros de los colombianos de manera ilegal y que involucró a las firmas J.M inversiones Turísticas Caribe Limitada, Promotora Costa Caribe Limitada y Corporación Turística Sol Caribe. “La Acción de Grupo instaurada por los inversionistas de Costa Caribe –cuyo monto mínimo ascendió a 10 millones de pesos-se adelantado una vez se conoció su cierre y, hasta hoy, con la ausencia de sus propietarios Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Cala. Esta circunstancia origina la dilatación del proceso jurídico”, comentó el abogado de los inversionistas de Costa Caribe. Bajo el derecho colombiano, la ausencia de los propietarios de “Costa Caribe” capturados por las autoridades, originó el emplazamiento de la persona ausente a través de un curador. “Ahora, tras la captura de los dueños de Costa Caribe, están obligados hacer parte del proceso a través de la notificación de la Acción de Grupo, desde el establecimiento carcelario donde serán recluidos”, comentó el abogado Harrison Vásquez. El jurista recordó que la firma “Costa Caribe” captó masivamente dinero de los colombianos utilizando contratos de participación en el complejo hotelero y pagares con la promesa de restituirle a los ciudadanos los dineros en menos de un año, al doble de lo aportado. “El tiempo demostró que el denominado contrato de participación que vinculo a las personas que defiendo a través de la Acción de Grupo no generaba para ellos derechos reales de copropiedad sobre el complejo de Costa Caribe Hotel y Multicentro, a través de los denominados TAP emitidos por la la Corporación Turística Sol Caribe y ofrecidos por la Promotora Costa Caribe Limitada”, dijo el abogado Vásquez Melo. De acuerdo con las autoridades, “Costa Caribe” tenía oficinas en Bogotá, Girardot, Chiquinquirá, Nilo y Tocancipá, en el centro del país, desde donde estafó a más de diez mil personas, en montos que van desde los 10 millones de pesos hasta más de 200 millones de pesos y que obligó a su intervención por parte de la Superintendencia Financiera a la tercera semana del mes noviembre del año pasado. Un hecho que originó en el Congreso debates de control político por parte senadores y representantes de Bogotá, Cundinamarca, Valle y Nariño, quienes demandaron del Gobierno mayor garantía a los usuarios bancarios y la baja de las tasas de interés para créditos de libre inversión. (AL AIRE NARIÑO)